El operativo de desalojo fue ejecutado por miembros de la Policía y el ESMAD, los cuales, según la Corporación Nueva Gente, vulneraron algunos derechos humanos.
Tras la desaparición del barrio La Esperanza donde habitaban cerca de 200 personas de manera ilegal, algunas familias buscan recuperar, a través de una demanda, las pertenencias que perdieron luego del operativo de desalojamiento coordinado por la administración municipal.
ALEJANDRO CALLE CARDONA
En hacinamiento y esperando las ayudas que nunca llegaron, se encuentran cinco familias que fueron desalojadas en Julio del año pasado del barrio La Esperanza de Itagüí, al estar ocupando el terreno que hoy día es el coliseo Ditaires. Sin embargo, seis meses después ninguna de ellas ha recuperado totalmente sus pertenencias, incluso, algunos viven en albergues improvisados y en condiciones deplorables. Ana Delia Marco Duque aún recuerda esa mañana del 15 de julio, cuando la Policía y funcionarios de la Alcaldía de Itagüí iniciaron el proceso de desalojamiento y posterior destrucción de las viviendas de este barrio de invasión, en el cual habitaban cerca de 200 personas. Niños, adultos y ancianos, veían con dolor e incertidumbre cómo todas sus pertenencias eran arrojadas en volquetas y sus ranchos de madera quedaban en el suelo ante la mirada de sus habitantes. La decisión del desalojo fue tomada por la administración municipal debido, según declaración en ese momento del Secretario de Gobierno, a los continuos problemas de orden público que se presentaban en este sector, incluso se aseguró que allí se expedía droga y que los terrenos, los cuales pertenecían al municipio, eran comercializados por terceros; además en el lugar se construiría un complejo deportivo, cuyas obras se entregarán próximamente de manera oficial.
“Las investigaciones que se realizaron desde la Alcaldía, arrojaron como resultado que la gran mayoría de las personas que habitaban el barrio, habían adquirido sus predios por uno o dos millones de pesos, con el agravante que era un barrio de invasión”, afirma Gloria López, representante de la Corporación Nueva Gente de Itagüí, quienes acompañan desde entonces a esta población.
Y es que muchos de los desalojados, ya contaban con viviendas propias en otros barrios del municipio, y estaban convirtiendo este sector en un verdadero negocio. Sin embargo, junto Ana Delia habían otras cuatro mujeres cabezas de familia, quienes con sus hijos han sido victimas del desplazamiento forzado que vive el país y encontraron en La esperanza, la única salida a sus problemas de vivienda.
Desde entonces estas cinco familias, conformadas mayoritariamente por niños, han recorrido tres albergues en diferentes zonas del municipio, incluso han vivido en posadas del Barrio Aranjuez de Medellín, pero que ninguna de estas, cuenta con las condiciones necesarias para ser habitadas. Pero quizás lo más grave de esta problemática, ha sido la perdida de los enseres de estas familia tras el desalojo, debido a que posterior al traslado en volquetas de sus pertenencias, estas fueron almacenadas en un patio del municipio sin ninguna protección, lo que ocasionó su deterioro. Hasta el momento, pese a las solicitudes que han realizado, nadie responde por esta situación y la única vía que encontraron para lograr su reparación, ha sido la judicial. Por esta razón, Ana Delia Marco y sus cuatro compañeras decidieron, con la asesoría de la personería, entablar una demanda al municipio con el único fin de recuperar sus pocos electrodomésticos, la ropa y demás enseres; además, al ser consideradas como familias en condición de desplazamiento, ya se encuentran en tramites para recibir las ayudas correspondiente por parte del Estado, a través del programa de Acción Social.
Sin embargo, mientras el desaparecido barrio La Esperanza es ahora un importante escenario deportivo, motivo de orgullo para los itaguiseños, estas cinco mujeres esperan la devolución de sus pertenencias y encontrar un lugar seguro y estable para vivir con sus hijos, aunque saben que es difícil recuperar totalmente la tranquilidad que les fue arrebatada de manera abrupta aquel 15 de julio.
Violación - Derechos Humanos
Pese a que inicialmente las autoridades municipales de Itagüí afirmaron que en el operativo de desalojo se respetaron todos los derechos de los habitantes del barrio La Esperanza, Carlos Cardona, director de la Corporación de Nueva Gente, asegura que estas personas fueron victimas de agresiones verbales y física durante los operativos, incluso, hasta cuando estos decidieron protestar en el CAMI. Este diario intentó comunicarse insistentemente con voceros de la administración municipal, pero hasta el cierre de esta edición, fue imposible.
Fuente: http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La%20Metro&idseccion=54&dsseccion=Primera%20P%E1gina&idnoticia=138572&imagen=&vl=1&r=noticia_detalle.php&idedicion=1623
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