Son $99.593 millones sin licitación

José Guarnizo Álvarez Medellín Publicado el 5 de diciembre de 2010

Itagüí, un municipio de seis comunas y un corregimiento, ha entregado 99.593 millones de pesos en la modalidad de contratación directa; es decir, aquella que no pasa por el filtro de las licitaciones públicas.

El dato sale al paso, con asomarse al Portal Único de Contrataciones, aquella plataforma a la que los entes públicos reportan obligatoriamente el gasto (ver foto estadísticas página anterior).

Solo a la Corporación La Tartana, un particular que hoy opera gran parte de la inversión que la Administración ha destinado para la cultura y las festividades navideñas, le han sido adjudicados nueve contratos que sumados llegan a 11.637 millones de pesos.

Carlos Mario Posada, líder del Área de Desarrollo Cultural del Municipio, dice que aún falta un año de gestión del alcalde Gabriel Jaime Cadavid, por lo que se desconoce si habrá o no más plata para dicha empresa.

La Tartana es una organización cultural privada, que nació en el seno de un grupo de titiriteros y teatreros. Su representante legal, Gustavo Alberto Campos Gil, reconoce que en estos tres años sus finanzas y la de sus socios se han visto robustecidas, pero asegura que todo el dinero se ha invertido en la formación de jóvenes y en el empleo de artistas.

Carlos Andrés Cardona, presidente de la ONG Nueva Gente, opina que La Tartana representa la "tercerización" de los servicios culturales. Campos, por su parte, se defiende al aseverar que a "la gente no le gusta ver cuando el vecino progresa".

Frente a las preguntas que surgen sobre los contratos entregados a la Corporación La Tartana, Carlos Mario Posada explica que cuando Gabriel Jaime Cadavid se posesionó como Alcalde reunió a todos los artistas de Itagüí para así buscar la mejor manera de apoyarlos.

Agrega que se decidió contratar a un solo operador cultural, con el fin de evitarles trámites engorrosos a los artistas del municipio.

El funcionario revela que en el Plan de Desarrollo, la Administración destinó para cultura algo cercano a los 20 mil millones de pesos y que, sin embargo, ni siquiera un 50 por ciento sería operado por La Tartana.

¿Usted no cree que aquí hay amiguismo o un favorecimiento?
"No. La decisión se toma en base (sic) a que La Tartana era la más organizada en su momento. Gustavo no era amigo, no era la persona más cercana a la Administración, no era copartidario".

¿La Tartana hizo campaña política?
"No. Antes cuando llegó (La Tartana), muchos amigos del Alcalde preguntaron cómo una persona que no sabemos si realmente es del equipo, porque tenían dudas de que fuera de otro equipo, se le adjudicaba un contrato. Antes había dudas".

¿Para contratar hay que ser del equipo?
"No. En cultura no le preguntamos a nadie de qué color es. Lo que importa es su trabajo, nada más".
Fuente:

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/son_$99593_millones_sin_licitacion/son_$99593_millones_sin_licitacion.asp

Itagüí, bajo el lastre de los combos

EXTORSIONES, AMENAZAS, DESPLAZAMIENTOS, homicidios y guerras entre bandas afectan este municipio del sur del Aburrá.

El Colombiano Área Paz y D.H. Medellín Publicado el 28 de noviembre de 2010

La palidez reflejada en el rostro del joven, que halló refugio en la primera puerta que encontró abierta, no tuvo punto de comparación esa mañana.

"Estaba más blanco que un papel", recuerda la dueña de la vivienda, cuando aquel jueves vio que un niño de 13 años se escondía debajo de una cama. Era perseguido por seis hombres armados.

Su voz infantil y temblorosa suplicaba: "no dejen que me saquen, me van a matar, me van a matar", mientras que en la casa del barrio Rosario, de Itagüí, la confusión se le metió hasta al perro, que no paró de ladrar.

"No supimos qué hacer. Cerramos la puerta pero los tipos afuera gritaban que si no salía, entrarían por él o dispararían contra la casa. Tuvimos que llamar a la Policía para que se llevara al joven", recuerda la señora.

Versiones de los vecinos apuntan a que aquel niño fue hostigado, al parecer, porque era "informante" del combo de Calatrava. Días después, su cuerpo se desvaneció en una de las calles de su barrio atravesado por las balas disparadas por un integrante del combo del Rosario.

Las fronteras invisibles
Veinte días atrás, el "Nené", como era conocido en el barrio El Limonar, llegó hasta una tienda en sandalias, pantaloneta, de gorra y con 10.000 pesos en el bolsillo. No alcanzó a comprar.

Los disparos a las 8:55 de la mañana, desde una motocicleta, terminaron con la vida del joven de 14 años.

El homicidio ocurrió el 4 de noviembre en Altos de San Gabriel, donde las versiones de los habitantes apuntan a que "los de El Limonar no pueden pasar a San Gabriel. Lo mataron por cruzar esa frontera".

En aquella ocasión, el comandante del Distrito Sur de la Policía Metropolitana, coronel Édgar Muñoz, manifestó que "se trata de un hecho singular en esta zona de Itagüí donde hasta ahora no había problemas así. Investigamos los móviles".

Para el presidente de la Corporación Nueva Gente de Itagüí, Carlos Andrés Cardona, algunos de los homicidios que se presentan en este municipio son por las fronteras impuestas por los combos.

"Los sectores afectados son el corregimiento El Manzanillo, en cada una de sus veredas y en los sectores de Terranova, Calatrava, el Tablazo, el Guayabo, La Unión. Tenemos entendido que los tres menores que asesinaron la semana pasada fue por las fronteras".

Uno de los habitantes de El Ajizal, cuenta que "una vez iba en el colectivo y lo pararon hombres que se subieron armados y miraron quién iba. Si hubieran encontrado a alguien de otro barrio, lo hubieran matado".

Cardona explica que esta situación se presenta en aquellos sectores que solo tienen vías de acceso como el corregimiento El Manzanillo, donde los combos "hacen retenes ilegales, paran colectivos para mirar quién va".

Pero no solo el transporte es afectado por el accionar de los combos en Itagüí.

Jorge*, un estudiante del colegio de Los Gómez, cuenta que "los de El Ajizal se han metido a los salones a mirar quién hay allí. Entran armados. Hay veces, cuando se arman las balaceras, no podemos salir al descanso en la cancha, tenemos que quedarnos en el salón".

Afectan la educación
Las vueltas que Carlitos* daba para ir a estudiar no le sirvieron de nada. Un día, al salir de clases, un hombre que identificó como integrante del combo de El Guayabo le dijo que tenía que irse del barrio o se moría.

Carlitos decidió no volver a estudiar. Engrosó las filas de deserción escolar que, según cifras de la Secretaría de Educación del Municipio, sobrepasaron los 1.100 estudiantes desde 2009.

"Son situaciones muy duras las que vivimos con los alumnos. Hace unos meses, la Policía tuvo que sacar a un grupo de estudiantes de tres colegios y llevarlos en patrulla a la casa por la amenaza de que les tirarían una granada", afirma una docente.

La situación con los combos ha llegado al extremo de que en ese municipio han sido amenazados, por lo menos, tres rectores de diferentes instituciones educativas.

"Ellos son la ley": habitante
Damián* ya no puede controlar el olor que se mete a su vivienda cada vez que "los muchachos" de El Guayabo se sientan a fumar marihuana en la acera de su casa. "No puedo decirles nada porque de una lo amenazan a uno con sus fierros", cuenta, y asegura que los que cuidan las plazas de vicio son niños entre 9 y 10 años.

"Las mujeres también son cómplices. Se hacen en sitios estratégicos para ver cuándo sube la Policía. Cuando los ven venir, gritan nombres de mujeres y entonces los pelaos que cuidan y venden el vicio se ponen a jugar y la 'tomba' queda sana", agrega.

Al respecto, un líder comunitario agrega que "ellos actúan como la ley. A veces les ponen quejas y ellos van y sacan a la gente de las casas y les dan pelas, con palos o a patadas. Ellos se pelean no solo el territorio, sino las plazas de vicio".

Esa pelea territorial se da entre los combos de Calatrava, El Tablazo, La Unión, El Guayabo, El Ajizal.

"Las balaceras son muy duras. Las sentimos a cada hora, sea de día o de noche. El viernes cogí un taxi para que me llevara a Calatrava y casi no me sube, y cuando llegué al barrio me tocó una balacera que salí otra vez en el mismo taxi muy asustada", cuenta una habitante de El Hueco.

Cardona, de la Corporación Nueva Gente, explica que "lo más terrible de esto son la tensión y el temor que sienten algunas personas. En lo sicológico está afectada la comunidad. Hay que preguntarse por las nuevas generaciones, cómo van a crecer. Hay que hacer algo porque se afecta el tejido social".

Estos temores se han acrecentado en algunos sectores, como la entrada al barrio San Isidro, donde crece el rumor de un posible petardo contra una de las estaciones de gasolina, porque allí permanecen integrantes de la banda La Unión.

Pelean por las extorsiones
Daniel* ha pensado más de una vez en vender su negocio. Dice con rabia que no entiende por qué "diablos" tiene que pagar una vacuna a los integrantes de un combo que no quiso identificar.

Afirma que "ellos llegan hasta bien vestidos. Mensualmente me piden las facturas y, de acuerdo a lo vendido, me exigen la cuota. En septiembre pagué un millón de pesos y en octubre millón y medio ¿Eso le parece justo?".

Comerciantes del Centro de la Moda, y algunos de La Mayorista, afirman que las presiones para el pago "las hacen hombres armados, entre tres y cuatro".

Estas rentas ilegales han tocado el transporte, provocando paros de conductores este año y han llegado a los barrios. Líderes comunitarios relatan que "ellos van de puerta en puerta pidiendo la cuota de la seguridad y la gente sabe que tiene que darla. Si no lo hacen, les dicen que pongan cuidado, que les roban o les pasa algo. A los días los atracan".

"Una vez llegaron a mi casa un sábado en la tarde. Me dijeron que si les colaboraba para la vigilancia. Son entre 1.000 y 2.000 mil pesos. Yo les dije que no podía. Tres días después nos atracaron a mi novio y a mí en las escalas de mi cuadra", afirma una habitante del barrio Balcones de Sevilla.

Cardona agrega que las extorsiones también se presentan en la zona céntrica del municipio. "Acá en el parque Obrero hay negocios que cada ocho días tienen que pagar la vacuna".

Criminalidad en aumento
No solo los homicidios son indicadores de la situación de violencia que se desató en Itagüí desde finales de 2008. En noviembre de ese año, la Secretaría de Gobierno de Antioquia elaboró un informe de percepción de seguridad ciudadana. Entre los 125 municipios, Itagüí ocupó el tercer lugar como uno de los más inseguros con el puesto 122. El año pasado hubo 332 homicidios en la población, mientras en 2008 se presentaron 113.

En 2010 la tendencia es similar a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Entre enero y el 24 de noviembre de 2010 fueron asesinadas 275 personas, según informes del CTI de la Fiscalía. A esto se suman problemáticas en aumento como el desplazamiento forzado y la extorsión.

Las autoridades coinciden con los habitantes en su preocupación por la participación cada vez mayor de menores de edad en la delincuencia, lo que se refleja en el alto índice de homicidios entre esta población. Según el CTI, de los 275 personas asesinadas este año, 31 eran menores de edad y 114 tenían entre 18 y 25 años.

Analistas criminales de la Fiscalía explican que la desaparición, homicidio o captura de jefes paramilitares y de la "Oficina" con influencia en Itagüí, como alias "Berna", "Rogelio", "Yiyo", "Danielito" "Nito", "Douglas", "Riñón" "Botija" y "El Cebollero", varios de ellos vinculados con las bandas de la Unión y Calatrava, dieron origen a una nueva generación del crimen.

"Aparecen mandos medios o sicarios que han liderado las organizaciones de manera poco estratégica. Como los cabecillas desaparecen, los mandos medios empiezan a disputarse el poder, dejando gran número de muertes a su paso", sostiene un analista de la Fiscalía.

"Hay mejoría": Secretario
El secretario de Gobierno de Itagüí, Carlos Mario Velásquez, reconoce los problemas de violencia del municipio, que atribuye a la disputa territorial y de rentas ilegales como la extorsión y la venta de alucinógenos.

Velásquez advierte que, aunque persisten los problemas de seguridad, en el segundo semestre de este año hay signos de mejoría.

"Con acciones como el refuerzo de un grupo de Fuerza de Control Urbano de la Policía, y el trabajo social desde agosto, los homicidios y otros delitos empezaron a reducirse respecto del primer semestre de 2010. En este mes (noviembre) se han presentado 25 homicidios, 6 menos que en noviembre de 2009.

Según el coronel Édgar Muñoz, comandante del distrito Sur de la Policía Metropolitana, la Fuerza Pública viene desarrollando operativos y la investigación para la judicialización de los integrantes de los combos y como resultados se puede mostrar la situación de las veredas Los Gómez y Ajizal.

"A comienzos del año fueron zonas críticas de enfrentamiento entre combos y muchos asesinatos. Se hizo una fuerte intervención, capturas y trabajo comunitario. Hoy hay más tranquilidad, mientras que en otros sectores aún se presentan problemas que enfrentamos".

Mientras la comunidad pide resultados, el sentir de las autoridades es que las leyes son laxas y benefician a los delincuentes.

Tiendas, blanco de las 'vacunas' denuncia gremio de comerciantes

Fuente: EL TIEMPO http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/tiendas-blanco-de-las-vacunas_8424040-4 MEDELLÍN 11:02 p.m. 22 de Noviembre del 2010

Comerciantes del Área Metropolitana pierden cerca de 45 mil millones de pesos por extorsiones.

Las microextorsiones en Medellín preocupan a los comerciantes.

Tenderos, carniceros y dueños de misceláneas son las principales víctimas de microextorsiones en Medellín y en dos municipios de su área metropolitana: Itagüí y Bello.

Así lo señala el director de Fenalco en Antioquia, Sergio Soto.

Cada año, según el líder gremial, los pequeños comerciantes de las comunas nororiental, noroccidental y el centro de Medellín, así como de algunas zonas de Bello e Itagüí, pierden 45 mil millones de pesos por cuenta de este fenómeno.

Carlos Andrés Cardona, defensor de derechos humanos y líder de la Corporación Itagüí Nueva Gente, dice que en su municipio hay locales que pagan entre 10 mil y 20 mil pesos semanales a los extorsionistas, "a estructuras armadas ilegales", subraya.

"La gente nos ha dicho que a sus negocios llegan personas muy jóvenes los viernes y los sábados que dicen: 'nosotros venimos por la cuota, por el aporte a la seguridad'. Y esa seguridad es algo que nadie ha pedido, sino que la imponen ellos", agrega.

Soto describe el fenómeno como "una verdadera industria del mal". Y explica que las extorsiones están tan bien "organizadas", que los delincuentes, "como diría algún profesor de mercadeo, van segmentando el mercado".

Explica que esto es así porque una de las zonas más afectadas es el centro de Medellín, donde se concentra el 50 por ciento del comercio de la ciudad. "Ese para ellos es un objetivo, los tipos saben de mercadeo", dijo.

Percepción sobre la seguridad en Itagüí

La Corporación Itagüí Nueva Gente, a través de su presidente Carlos Andrés Cardona Ramírez, participó en el noticiero del canal Cosmovisión, el día 22 de noviembre, donde se realizó el análisis sobre la investigación “Percepción de seguridad en el Valle de Aburrá” (1).

El estudio arrojó entre sus resultados, que el municipio de Itagüí, es el Municipio con la mayor percepción de inseguridad por parte de la población, con el 2.3 %. La población considera que la mayor problemática son las bandas y combos y paradójicamente la población de estrato 1 y la población juvenil son quienes perciben menor nivel de inseguridad (aunque continua en la media de 2.3%), situación que podría estar relacionada con el miedo de la comunidad para denunciar o a la "triste" naturalización de la violencia entre los ciudadanos, como una situación que actualmente es tan común que vamos terminando por acostumbrarnos, pero ese es el reto, no permitir que el miedo nos paralice ni nos apague la voz.

y mientras la situación continua, el alcalde de Itagüí sigue sin pronunciarse frente a la situación, y sin participar en estos interesantes debates que van siempre en pro de la transformación de la comunidad no sólo de Itagüí sino del Valle de Aburrá.

(1) Estudio realizado entre el 17 agosto y 4 de septiembre de 2010, aplicada a 2.424 personas, en 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá

En un país sin memoria, la impunidad es el común denominador

Por Redacción La Fuerza Informativa

“ […] Qué dolor que Colombia no sea capaz de asegurarle a cada colombiano un lugar en el orden de la civilización, en la escuela, en el trabajo, en la seguridad social, en la cultura, en la sana emulación de las ceremonias sociales, en el orgullo de una tradición y de una memoria. Yo, personalmente, estoy cansado de sentir que nuestro deber principal es el odio y nuestra fiesta el exterminio…” William Ospina

El jueves 16 de septiembre de 2010 llegó a la sede de la Corporación Itagüí Nueva Gente, un papel que más allá de las palabras textuales que contenía, traducen la mentalidad de este pueblo colombiano empeñado en olvidar, en ser indiferente, en odiar y en tener como trofeo la negación del otro; es la representación de un pueblo al que se le hace más fácil omitir a su semejante que escuchar sus argumentos. Callamos, olvidamos, ignoramos, cerramos los ojos, y… nos matamos de tantas maneras…

La memoria está hecha de olvido y recuerdo, y no es sólo no recordar, es reconocer para no repetir, es tener memoria para tener identidad, para saber de dónde venimos, en qué estamos y hacia dónde vamos… de lo contrario ¿cuál es el sentido del devenir? Cómo dice León Gieco en su canción “si un traidor puede más que unos cuántos, que esos cuántos no lo olviden fácilmente”.

Hoy, 30 días después de las amenazas lanzadas en contra del presidente de la Corporación, Carlos Andrés Cardona Ramírez, aún continúa la situación sin recibir garantías, ni respuestas concretas por parte del Estado, en ninguna de las instancias, ni municipal, ni departamental, ni nacional, por lo que el temor y la indignación en los miembros de la Corporación han sido constantes; ante este escenario la triste y necesaria medida ha sido la autocensura para proteger la vida y la integridad.

La situación no ha mejorado en el transcurso de este mes, y aunque muchas organizaciones sociales, amigos de la Corporación Nueva Gente, representantes de la política de nuestro país, medios de comunicación y ciudadanos del municipio de Itagüí han pronunciado su voz de apoyo, de protesta y de indignación frente a estos hechos, las garantías que el Estado está obligado a brindar no han llegado.

La falta de garantías para quienes defienden los derechos humanos, y para quienes tienen sus acciones comunitarias y los argumentos como arma, ha sido una constante en el país, ser perseguidos por decir una verdad y defender la vida. Las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas, hoy también son víctimas del conflicto social armado colombiano que lleva más de cinco décadas. La labor de los defensores, la mayor parte del tiempo, ha sido más estigmatizada que valorada, y requiere un reconocimiento mayor por parte de la sociedad civil y del Estado colombiano.

Después de un mes de impunidad, reiteramos nuestro pronunciamiento con la esperanza de que ésta deje de ser una característica común, en este país de los dos océanos, donde nos ahoga el miedo, reclamamos que se reconozcan los derechos, las garantías, que se hagan las investigaciones que corresponden, no sólo en este caso, sino en los miles de casos de violación de derechos humanos que se reportan a diario en Colombia; por eso en la Corporación Nueva Gente “amar aún en tiempos de guerra” es una responsabilidad ética con los ciudadanos de Itagüí, trabajo ineludible que continuaremos ejerciendo.

“No tenemos garantías para trabajar”

Defensores de derechos humanos denuncian supuesta persecución

La Corporación Nueva Gente ha realizado diferentes denuncias y actos simbólicos para respaldar los derechos de las poblaciones vulnerables del municipio de Itagüí.

Autor: Alejandro Calle Cardona

Ornizaciones sociales aseguran no contar con las suficientes garantías para ejercer sus labores, al ser constantemente víctimas de asesinatos, amenazas y desplazamientos.

Tras las amenazas que recibió recientemente el Director de la Corporación Nueva Gente, la cual trabaja por la protección de los derechos humanos en Itagüí, diferentes organizaciones del área metropolitana manifiestan su preocupación al considerar que hay una clara persecución por parte de algunos sectores que pretenden detener sus labores.

El pasado 16 de septiembre el director de Nueva Gente, Carlos Andrés Cardona, recibió en la oficina de la Corporación una carta en la que se le obligaba a guardar silencio y no seguir denunciando la situación de violencia que se presenta en Itagüí, “los muertos no son tu problema, te callas o te callamos”, aseguraba la misiva, la cual no tenía firmante.

Ante esta situación, Cardona se dirigió a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, para poner en conocimiento este hecho a la espera de recibir medidas de seguridad para continuar con su labor.

Sin embargo, “las medidas que recibí fue la custodia de un patrullero de la Policía, pero el cual no podía estar conmigo de manera constante. Esto obviamente impedía mis funciones en algunos barrios del municipio”, aseguró la víctima, quien para evitar que la amenaza se cumpliera, decidió abandonar el municipio y cerrar la Corporación, “ante la falta de garantías para seguir trabajando”, asevera Cardona.

Y es que debido a la situación de violencia que ha vivido en los últimos meses Itagüí, Nueva Gente ha denunciado las extorsiones, asesinatos, desplazamientos y demás delitos cometidos por las bandas delincuenciales en esta localidad; así como de manera constante ha solicitado medidas por parte de la Administración Municipal para solucionar tal problemática.

Según Cardona, “estas denuncias y exigencias no les convienen ni a los violentos ni a la Alcaldía, la cual ha querido esconder la grave situación de seguridad que se presenta en el municipio. Pero lo que me preocupa aún más, es el silencio de la Administración ante las amenazas que recibí, lo cual se suma a otras acciones que ésta ha aplicado para coartar nuestras funciones, como los son las demandas que nos ha interpuesto”.

Pero al parecer esta situación se presenta en todo el Valle de Aburrá, pues según indica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, la cual es integrante del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, “ya son cerca de diez defensores de derechos humanos que han sido asesinados en los últimos años en el área metropolitana, además de las decenas de amenazas, las cuales producen desplazamientos y limitación de funciones”.

Pese a que Diana Izquierdo, del Ministerio del Interior y de la Justicia, le aseguró a El Mundo que las organizaciones que han denunciado amenazas han recibido medidas de seguridad que garanticen su labor, Cardona considera que éstas no son suficientes. Por su parte, Arboleda indica que estas medidas son policiales, “pero nosotros requerimos son medidas de tipo político, que los gobernantes respalden nuestras funciones y que los organismos de seguridad investiguen nuestras denuncias y no a nosotros”.

Por lo pronto, Itagüí Nueva Gente, cerró su oficina, mientras que Cardona se vio obligado a desplazarse fuera de la ciudad, y asegura que “sólo regresaré hasta que se me brinden todas las garantías para seguir trabajando por la comunidad de mi municipio, aunque creo que esas garantías están muy lejos de llegar”, finalizó. El Mundo trató de comunicarse con el Secretario de Gobierno de Itagüí, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.

Estigma - Líderes

Para Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpadez), aseguró que estas intimidaciones son producto de la estigmatización que sufren las organizaciones, “a las que algunos sectores, en especial el Ejecutivo, aseguran que defendemos a algunos grupos armados, pero lo único que pretendemos es garantizar los derechos humanos y el desarrollo de la comunidad”, indica Quijano, quien asevera que este tipo de situaciones “son una clara manifestación de persecución a nuestras funciones”. Quijano asegura que además de las organizaciones, en el Valle de Aburrá, los líderes sociales y comunitarios también son víctimas de estos crímenes.

Fuente:

http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La%20Metro&idseccion=54&dsseccion=Primera%20P%E1gina&idnoticia=160961&imagen=&vl=1&r=noticia_detalle.php&idedicion=1880

Conductores de buses en Itagüí (Antioquia) pararon por cuenta del asesinato de uno de sus compañeros

La protesta involucra a cerca de 130 vehículos de la empresa Rápido Santa María, que bloquearon en las últimas horas el sector sur de este municipio .

El crimen, según fuentes extraoficiales, se habría producido hacia las 2:30 p.m. del lunes en el sector de San Francisco, debido a la negativa de pagar extorsiones a las bandas que operan en el municipio.

Luego, hacia las 4:00 p.m., sus colegas de Rápido Santa María se desplazaron hacia la glorieta de Cervunión para evitar el paso hacia los barrios San Pio, Samaria, San Gabriel, San Francisco, el corregimiento San Antonio de Prado y el municipio de La Estrella.

Hace dos meses, en esa misma localidad del sur del valle de Aburrá pararon los buses de Expreso Guayabal pues se estaban viendo sometidos a un doble cobro de extorsiones en el centro de Medellín y en el sector de El Porvenir (límites con Itagüí).

"Esta una muestra de que esa gente (las bandas) tiene el poder con sus acciones de violencia, y no se han dado soluciones de fondo", dijo el director de la corporación Nueva Gente, Carlos Andrés Cardona.

EL TIEMPO no pudo comunicarse con el secretario de Gobierno de Itagüí, Gustavo Betancur.
MEDELLÍN

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/antioquia/paro-de-buses-en-itagui-por-muerte-de-un-conductor_7904209-1

Itagüí tiene los mayores índices de violencia de la capital paisa

Los conflictos entre bandas delincuenciales es el detonante de las muertes violentas.

Si el problema de los conflictos entre bandas delincuenciales en Medellín preocupa a las autoridades, la situación de Itagüí, es aún más alarmante, pues es una zona dos veces más violenta.

Mientras que la capital antioqueña registró un aumento del 108 por ciento de muertes violentas en el 2009, Itagüí el incremento fue del 243 por ciento, al pasar de 93 a 319 asesinatos.

Según Carlos Andrés Cardona, director de la corporación Nueva Gente, una ONG de derechos humanos que tiene presencia en la localidad, se trata del mayor índice de muertes violentas en toda la década, ni siquiera superado por el 2003, cuando hubo 210.

En el 2010 ya van 15 homicidios, incluidos los tres de esta semana, por motivos idénticos a los que suscitan el desangre en Medellín.

El lunes al mediodía, en el área central del municipio, una camioneta y una moto pasaron disparando contra un grupo de jóvenes; mataron a tres e hirieron a uno. La Policía explicó la matanza como parte de la lucha de bandas delincuenciales.

El secretario de Gobierno, Gustavo Betancur, explica que esta violencia es "la misma que está pasando en toda el área metropolitana", y marca el 13 de abril como la fecha desde la cual se agudiza.

"Ese día se suscita una división entre algunas bandas del área metropolitana, lo que hace que cada una empiece a operar por su lado", dice.

El sector más neurálgico, de acuerdo con Nueva Gente, es un área rural conformada por las veredas Los Gómez y El Ajizal, que rodean el cerro Manzanillo, pero que distan sólo diez minutos del parque principal.

"Sí hemos notado un incremento de la Policía, pero desafortunadamente ha sido ineficaz, y la demostración es que se siguen presentando enfrentamientos armados, como el del fin de semana, que duró de diez de la noche a cuatro de la madrugada. El lunes en la noche se presentó otra balacera en Los Gómez", indicó Cardona.

"Uno vive lleno de temor, no se atreve a quedarse más de las seis de la tarde por fuera porque a veces los enfrentamientos empiezan temprano. Uno llama a la Policía, y como ellos desde arriba tienen una vista privilegiada los ven, dan una vueltecita y vuelven a salir", explicó un habitante.
Además de aumentar la vigilancia, la Alcaldía ha emprendido campañas de promoción de la convivencia, pero los resultados están aún por verse.

Fuente: www.portafotio.com.co

Cinco de las familias desalojadas viven actualmente en posadas A los desalojados nadie les responde

El operativo de desalojo fue ejecutado por miembros de la Policía y el ESMAD, los cuales, según la Corporación Nueva Gente, vulneraron algunos derechos humanos.

Tras la desaparición del barrio La Esperanza donde habitaban cerca de 200 personas de manera ilegal, algunas familias buscan recuperar, a través de una demanda, las pertenencias que perdieron luego del operativo de desalojamiento coordinado por la administración municipal.

ALEJANDRO CALLE CARDONA

En hacinamiento y esperando las ayudas que nunca llegaron, se encuentran cinco familias que fueron desalojadas en Julio del año pasado del barrio La Esperanza de Itagüí, al estar ocupando el terreno que hoy día es el coliseo Ditaires. Sin embargo, seis meses después ninguna de ellas ha recuperado totalmente sus pertenencias, incluso, algunos viven en albergues improvisados y en condiciones deplorables. Ana Delia Marco Duque aún recuerda esa mañana del 15 de julio, cuando la Policía y funcionarios de la Alcaldía de Itagüí iniciaron el proceso de desalojamiento y posterior destrucción de las viviendas de este barrio de invasión, en el cual habitaban cerca de 200 personas. Niños, adultos y ancianos, veían con dolor e incertidumbre cómo todas sus pertenencias eran arrojadas en volquetas y sus ranchos de madera quedaban en el suelo ante la mirada de sus habitantes. La decisión del desalojo fue tomada por la administración municipal debido, según declaración en ese momento del Secretario de Gobierno, a los continuos problemas de orden público que se presentaban en este sector, incluso se aseguró que allí se expedía droga y que los terrenos, los cuales pertenecían al municipio, eran comercializados por terceros; además en el lugar se construiría un complejo deportivo, cuyas obras se entregarán próximamente de manera oficial.

“Las investigaciones que se realizaron desde la Alcaldía, arrojaron como resultado que la gran mayoría de las personas que habitaban el barrio, habían adquirido sus predios por uno o dos millones de pesos, con el agravante que era un barrio de invasión”, afirma Gloria López, representante de la Corporación Nueva Gente de Itagüí, quienes acompañan desde entonces a esta población.

Y es que muchos de los desalojados, ya contaban con viviendas propias en otros barrios del municipio, y estaban convirtiendo este sector en un verdadero negocio. Sin embargo, junto Ana Delia habían otras cuatro mujeres cabezas de familia, quienes con sus hijos han sido victimas del desplazamiento forzado que vive el país y encontraron en La esperanza, la única salida a sus problemas de vivienda.

Desde entonces estas cinco familias, conformadas mayoritariamente por niños, han recorrido tres albergues en diferentes zonas del municipio, incluso han vivido en posadas del Barrio Aranjuez de Medellín, pero que ninguna de estas, cuenta con las condiciones necesarias para ser habitadas. Pero quizás lo más grave de esta problemática, ha sido la perdida de los enseres de estas familia tras el desalojo, debido a que posterior al traslado en volquetas de sus pertenencias, estas fueron almacenadas en un patio del municipio sin ninguna protección, lo que ocasionó su deterioro. Hasta el momento, pese a las solicitudes que han realizado, nadie responde por esta situación y la única vía que encontraron para lograr su reparación, ha sido la judicial. Por esta razón, Ana Delia Marco y sus cuatro compañeras decidieron, con la asesoría de la personería, entablar una demanda al municipio con el único fin de recuperar sus pocos electrodomésticos, la ropa y demás enseres; además, al ser consideradas como familias en condición de desplazamiento, ya se encuentran en tramites para recibir las ayudas correspondiente por parte del Estado, a través del programa de Acción Social.

Sin embargo, mientras el desaparecido barrio La Esperanza es ahora un importante escenario deportivo, motivo de orgullo para los itaguiseños, estas cinco mujeres esperan la devolución de sus pertenencias y encontrar un lugar seguro y estable para vivir con sus hijos, aunque saben que es difícil recuperar totalmente la tranquilidad que les fue arrebatada de manera abrupta aquel 15 de julio.

Violación - Derechos Humanos

Pese a que inicialmente las autoridades municipales de Itagüí afirmaron que en el operativo de desalojo se respetaron todos los derechos de los habitantes del barrio La Esperanza, Carlos Cardona, director de la Corporación de Nueva Gente, asegura que estas personas fueron victimas de agresiones verbales y física durante los operativos, incluso, hasta cuando estos decidieron protestar en el CAMI. Este diario intentó comunicarse insistentemente con voceros de la administración municipal, pero hasta el cierre de esta edición, fue imposible.

Fuente: http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La%20Metro&idseccion=54&dsseccion=Primera%20P%E1gina&idnoticia=138572&imagen=&vl=1&r=noticia_detalle.php&idedicion=1623