“No tenemos garantías para trabajar”

Defensores de derechos humanos denuncian supuesta persecución

La Corporación Nueva Gente ha realizado diferentes denuncias y actos simbólicos para respaldar los derechos de las poblaciones vulnerables del municipio de Itagüí.

Autor: Alejandro Calle Cardona

Ornizaciones sociales aseguran no contar con las suficientes garantías para ejercer sus labores, al ser constantemente víctimas de asesinatos, amenazas y desplazamientos.

Tras las amenazas que recibió recientemente el Director de la Corporación Nueva Gente, la cual trabaja por la protección de los derechos humanos en Itagüí, diferentes organizaciones del área metropolitana manifiestan su preocupación al considerar que hay una clara persecución por parte de algunos sectores que pretenden detener sus labores.

El pasado 16 de septiembre el director de Nueva Gente, Carlos Andrés Cardona, recibió en la oficina de la Corporación una carta en la que se le obligaba a guardar silencio y no seguir denunciando la situación de violencia que se presenta en Itagüí, “los muertos no son tu problema, te callas o te callamos”, aseguraba la misiva, la cual no tenía firmante.

Ante esta situación, Cardona se dirigió a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, para poner en conocimiento este hecho a la espera de recibir medidas de seguridad para continuar con su labor.

Sin embargo, “las medidas que recibí fue la custodia de un patrullero de la Policía, pero el cual no podía estar conmigo de manera constante. Esto obviamente impedía mis funciones en algunos barrios del municipio”, aseguró la víctima, quien para evitar que la amenaza se cumpliera, decidió abandonar el municipio y cerrar la Corporación, “ante la falta de garantías para seguir trabajando”, asevera Cardona.

Y es que debido a la situación de violencia que ha vivido en los últimos meses Itagüí, Nueva Gente ha denunciado las extorsiones, asesinatos, desplazamientos y demás delitos cometidos por las bandas delincuenciales en esta localidad; así como de manera constante ha solicitado medidas por parte de la Administración Municipal para solucionar tal problemática.

Según Cardona, “estas denuncias y exigencias no les convienen ni a los violentos ni a la Alcaldía, la cual ha querido esconder la grave situación de seguridad que se presenta en el municipio. Pero lo que me preocupa aún más, es el silencio de la Administración ante las amenazas que recibí, lo cual se suma a otras acciones que ésta ha aplicado para coartar nuestras funciones, como los son las demandas que nos ha interpuesto”.

Pero al parecer esta situación se presenta en todo el Valle de Aburrá, pues según indica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, la cual es integrante del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, “ya son cerca de diez defensores de derechos humanos que han sido asesinados en los últimos años en el área metropolitana, además de las decenas de amenazas, las cuales producen desplazamientos y limitación de funciones”.

Pese a que Diana Izquierdo, del Ministerio del Interior y de la Justicia, le aseguró a El Mundo que las organizaciones que han denunciado amenazas han recibido medidas de seguridad que garanticen su labor, Cardona considera que éstas no son suficientes. Por su parte, Arboleda indica que estas medidas son policiales, “pero nosotros requerimos son medidas de tipo político, que los gobernantes respalden nuestras funciones y que los organismos de seguridad investiguen nuestras denuncias y no a nosotros”.

Por lo pronto, Itagüí Nueva Gente, cerró su oficina, mientras que Cardona se vio obligado a desplazarse fuera de la ciudad, y asegura que “sólo regresaré hasta que se me brinden todas las garantías para seguir trabajando por la comunidad de mi municipio, aunque creo que esas garantías están muy lejos de llegar”, finalizó. El Mundo trató de comunicarse con el Secretario de Gobierno de Itagüí, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.

Estigma - Líderes

Para Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpadez), aseguró que estas intimidaciones son producto de la estigmatización que sufren las organizaciones, “a las que algunos sectores, en especial el Ejecutivo, aseguran que defendemos a algunos grupos armados, pero lo único que pretendemos es garantizar los derechos humanos y el desarrollo de la comunidad”, indica Quijano, quien asevera que este tipo de situaciones “son una clara manifestación de persecución a nuestras funciones”. Quijano asegura que además de las organizaciones, en el Valle de Aburrá, los líderes sociales y comunitarios también son víctimas de estos crímenes.

Fuente:

http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=2&dscuerpo=La%20Metro&idseccion=54&dsseccion=Primera%20P%E1gina&idnoticia=160961&imagen=&vl=1&r=noticia_detalle.php&idedicion=1880